La llamada «golden visa argentina» no es una visa: es el Programa de Ciudadanía por Inversión, que permite a una persona extranjera pedir la ciudadanía argentina por naturalización si acredita una inversión relevante en el país, sin importar cuánto tiempo haya residido aquí.La vía la creó el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía 346; el procedimiento lo fijó el Decreto 524/2025, y el 2 de octubre de 2026 el Ministerio de Economía anunció su puesta en marcha con aportes desde USD 350.000. El régimen está cuestionado en los tribunales y en el Congreso.
En resumen
- Otorga la ciudadanía, no una residencia: son ciudadanos por naturalización quienes acrediten «haber realizado una inversión relevante en el país», cualquiera sea el tiempo de su residencia (art. 2, inc. 2, Ley 346).
- Qué inversión es relevante lo define el Ministerio de Economía (art. 2 bis). El comunicado oficial anunció un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro o un título público de USD 800.000.
- La solicitud la evalúa la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y la resuelve la Dirección Nacional de Migraciones en treinta días hábiles desde el informe de la Agencia (Decreto 524/2025).
- Hay fallos de 2026 que declararon inválido el DNU 366/2025, total o parcialmente, en casos concretos, y proyectos de ley para derogar la vía de inversión.
- Antes de transferir fondos conviene evaluar el riesgo jurídico: el aporte se anunció como no reembolsable.
Por qué no es una «golden visa»
En Europa, una golden visa es un permiso de residencia que se obtiene a cambio de una inversión: autoriza a vivir en el país, pero no da la nacionalidad, que se consigue después de años de residencia por la vía común. El programa argentino va directamente a laciudadanía. El artículo 2 de la Ley 346, en la redacción que le dio el artículo 37 del DNU 366/2025, prevé dos formas de naturalización:
- la ordinaria: los extranjeros mayores de dieciocho años que acrediten haber residido en la Argentina «en forma continua y legal durante los DOS (2) años anteriores a la solicitud», entendiendo por continua la permanencia en el territorio «sin haber realizado ninguna salida al exterior» (inc. 1);
- la de inversión: los extranjeros que acrediten ante la Dirección Nacional de Migraciones, «cualquiera sea el tiempo de su residencia, haber realizado una inversión relevante en el país» (inc. 2).
Por cualquiera de las dos vías, la Dirección Nacional de Migraciones otorga la carta de ciudadanía y la comunica al Registro Nacional de las Personas, que emite el Documento Nacional de Identidad de argentino (art. 6 de la Ley 346); el DNI y el pasaporte se tramitan ante ese registro.
Qué normas crean el programa
| Norma | Qué dispone |
|---|---|
| DNU 366/2025 (B.O. 29-05-2025) | Incorpora la naturalización por inversión relevante (art. 2, inc. 2, Ley 346), encarga al Ministerio de Economía definir qué inversiones son relevantes (art. 2 bis), traslada el otorgamiento de la ciudadanía de los jueces federales a la Dirección Nacional de Migraciones (art. 6) y crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (arts. 6 bis a 6 quáter). |
| Decreto 524/2025 (B.O. 31-07-2025) | Reglamenta el procedimiento: solicitud ante la Agencia, evaluación de la inversión, informes de otros organismos, recomendación y decisión de Migraciones en treinta días hábiles. |
| Comunicado del Ministerio de Economía (02-10-2026) | Anuncia la puesta en marcha del programa, los montos para el solicitante y su familia y los controles. Es un anuncio oficial, no una norma publicada en el Boletín Oficial. |
Cuánto hay que aportar según el anuncio oficial
La ley no fija un monto. El artículo 2 bis de la Ley 346 dispone que el Ministerio de Economía «establecerá qué inversiones serán consideradas relevantes, pudiendo establecer proyectos específicos de inversión a tal efecto». El 2 de octubre de 2026, en la Argentina Week de París, el ministerio anunció dos mecanismos para el solicitante principal:
- un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional de USD 350.000, o
- la suscripción de un título público de USD 800.000 creado específicamente para el programa.
El cónyuge y los hijos del solicitante también pueden pedir la ciudadanía si acreditan el vínculo y hacen su propio aporte: USD 100.000 el cónyuge y cada hijo de entre 18 y 25 años, soltero y sin hijos, y USD 25.000 cada hijo menor de 18 años. Según el ejemplo del comunicado, un grupo de solicitante, cónyuge y dos hijos menores suma USD 500.000. Todos los fondos deben canalizarse por el sistema financiero formal y cumplir las normas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Dos advertencias. Primero, a la fecha de este artículo no encontramos publicada en el Boletín Oficial la resolución del Ministerio de Economía que fije esas cifras, de modo que pueden cambiar cuando se reglamenten. Segundo, el aporte al Tesoro se anunció como no reembolsable: el comunicado no prevé su devolución si la solicitud se rechaza o si el régimen se deja sin efecto.
Cómo es el trámite
- Solicitud ante la Agencia. La persona extranjera que hubiere hecho la inversión relevante pide la ciudadanía ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado del Ministerio de Economía (art. 1 del Decreto 524/2025).
- Evaluación de la inversión. La Agencia evalúa si la inversión califica como relevante según lo que establezca el Ministerio de Economía (art. 2).
- Informes de otros organismos. Si la inversión califica, la Agencia pide informes, entre otros, al Ministerio de Seguridad Nacional, a la Unidad de Información Financiera, al Registro Nacional de Reincidencia, al Registro Nacional de las Personas y a la Secretaría de Inteligencia de Estado, sobre si otorgar la ciudadanía podría representar un riesgo para la seguridad o los intereses nacionales (art. 3). El comunicado oficial describe los controles: identidad, origen lícito y trazabilidad de los fondos, análisis patrimonial, riesgo de la jurisdicción de origen, antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio.
- Recomendación. Con los informes, la Agencia eleva a la Dirección Nacional de Migraciones un informe circunstanciado que recomienda aprobar o rechazar la solicitud (art. 3).
- Decisión. Migraciones analiza ese informe y, dentro de los treinta días hábiles de recibirlo, resuelve por acto fundado otorgar la ciudadanía o rechazar la solicitud (art. 4).
La Agencia puede dictar la normativa complementaria que regule el procedimiento (art. 6 del Decreto 524/2025). Según lo anunciado, el programa empezaría a recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026; antes de iniciar cualquier gestión conviene confirmar en los canales oficiales que la recepción está habilitada y desconfiar de intermediarios que prometan resultados.
Qué dijeron los tribunales
El DNU 366/2025 se discute en los tribunales, sobre todo porque trasladó a la Dirección Nacional de Migraciones el otorgamiento de la ciudadanía, que desde 1869 estaba en manos de los jueces federales. Los fallos más relevantes de 2026 no examinaron solicitudes por inversión, sino casos de naturalización ordinaria, pero alcanzan al mismo decreto:
- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, «V., Y. s/ solicitud de carta de ciudadanía» (causa 17978/2025), 18 de junio de 2026: en una acción declarativa de inconstitucionalidad, revocó la resolución que había archivado la causa y remitido a la solicitante a Migraciones, declaró la inconstitucionalidad del DNU 366/2025 en cuanto a la competencia para otorgar la ciudadanía, por no darse las circunstancias excepcionales que exige el artículo 99, inciso 3, de la Constitución, y dispuso que el juez federal siguiera con el trámite.
- Cámara Nacional Electoral, «Yang, Liping s/ nacionalidad y ciudadanía – solicitud de carta de ciudadanía», 30 de junio de 2026: revocó el rechazo de primera instancia y declaró nulo el DNU 366/2025, por considerar que suprimir la competencia judicial en materia de ciudadanía invade la materia electoral, que el artículo 99, inciso 3, de la Constitución veda a los decretos de necesidad y urgencia. El Estado interpuso recurso extraordinario, que la Cámara concedió el 24 de septiembre de 2026; a la fecha de este artículo la Corte Suprema no se pronunció.
Antes hubo fallos de primera instancia en la misma línea, desde agosto de 2025. Estas sentencias valen para los casos en que se dictaron: no derogan el decreto con alcance general. Pero muestran el riesgo de fondo. El artículo 20 de la Constitución Nacional prevé que los extranjeros obtienen la nacionalización residiendo dos años continuos en el país, plazo que puede acortarse a favor de quien alegue y pruebe servicios a la República, y el artículo 75, inciso 12, asigna al Congreso dictar las leyes de naturalización y nacionalidad. Parte de la doctrina sostiene que una inversión no encaja en ese esquema y que la materia no puede regularse por decreto de necesidad y urgencia.
En el Congreso, además, se presentaron desde julio de 2026 proyectos para declarar la nulidad del DNU o derogar la vía de inversión y, tras el anuncio de octubre, pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el programa. Ninguno fue aprobado a la fecha de este artículo, y no encontramos un dictamen de la Comisión Bicameral que debe expedirse sobre los decretos de necesidad y urgencia. Si ambas Cámaras rechazaran el DNU, el artículo 24 de la Ley 26.122 deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia; no está claro cómo se aplicaría eso a una solicitud en trámite.
Qué conviene evaluar antes de invertir
- La estabilidad del régimen. Una ley del Congreso que derogue la vía, un rechazo del DNU o una decisión de la Corte Suprema pueden cambiar el panorama. Conviene saber qué pasaría con una solicitud en trámite y con un aporte ya hecho, y tener presente que una carta otorgada por Migraciones bajo un decreto cuestionado podría ser objetada.
- La documentación del origen de los fondos. Es el centro de la evaluación: la trazabilidad y la licitud del dinero se controlan con intervención de la Unidad de Información Financiera.
- La nacionalidad de origen. La Ley 346 no exige renunciar a ella, pero su conservación depende de la ley del país de origen y de los tratados que tenga con la Argentina. En el país se lo considerará argentino.
- Las consecuencias impositivas. La Ley de Impuesto a las Ganancias considera residentes en el país a las personas de nacionalidad argentina, «nativas o naturalizadas», salvo que hayan perdido esa condición según el artículo 117 (art. 116), que la da por perdida, entre otros casos, a quien adquiere la residencia permanente en otro Estado o permanece doce meses seguidos en el exterior. Según su situación, naturalizarse puede convertirlo en residente fiscal argentino, con efectos sobre su renta mundial y su patrimonio, además de las consecuencias en el país de origen. Es una consulta para hacer con un contador o un abogado tributarista antes de iniciar el trámite.
- Los derechos y deberes de la ciudadanía. Los argentinos naturalizados votan desde los dieciocho años (art. 1 del Código Electoral Nacional), y la Constitución les pone límites: la presidencia exige haber nacido en el país o ser hijo de argentino nativo (art. 89), y para ser diputado o senador se requieren cuatro años de ciudadanía en ejercicio y seis años de ciudadanía (arts. 48 y 55). Quedan sujetos a las obligaciones de los ciudadanos argentinos.
Preguntas frecuentes
¿Argentina tiene una golden visa?
No en el sentido europeo. Lo que se conoce como «golden visa argentina» es el Programa de Ciudadanía por Inversión: no otorga una visa ni una residencia, sino directamente la ciudadanía por naturalización a la persona extranjera que acredite una inversión relevante en el país, cualquiera sea el tiempo de su residencia (art. 2, inc. 2, de la Ley 346, incorporado por el DNU 366/2025).
¿Cuánto hay que invertir para obtener la ciudadanía argentina?
Según el comunicado del Ministerio de Economía del 2 de octubre de 2026, hay dos vías: un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional de USD 350.000 o la suscripción de un título público de USD 800.000 creado para el programa. El cónyuge y los hijos de 18 a 25 años, solteros y sin hijos, pueden sumarse con un aporte de USD 100.000 cada uno, y los menores de 18 años con USD 25.000. La ley no fija esos montos: delega en el Ministerio de Economía la definición de qué inversiones son relevantes (art. 2 bis de la Ley 346).
¿Hace falta vivir en Argentina para pedir la ciudadanía por inversión?
No. La vía de la inversión relevante se aplica «cualquiera sea el tiempo de su residencia» (art. 2, inc. 2, de la Ley 346). En cambio, la naturalización ordinaria exige haber residido en el país en forma continua y legal durante los dos años anteriores a la solicitud, sin ninguna salida al exterior (art. 2, inc. 1).
¿Quién decide si se otorga la ciudadanía?
La solicitud se presenta ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que evalúa si la inversión califica, pide informes a otros organismos y eleva una recomendación. La decisión la toma la Dirección Nacional de Migraciones, en un plazo de treinta días hábiles desde que recibe ese informe, por acto fundado (arts. 1 a 4 del Decreto 524/2025).
¿Ya se pueden presentar solicitudes?
El Gobierno anunció que el programa estaría operativo para recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026. A la fecha de este artículo no encontramos publicada en el Boletín Oficial la resolución del Ministerio de Economía que fije los montos: las cifras surgen del comunicado oficial. Conviene confirmar en los canales oficiales si la Agencia ya habilitó la presentación antes de hacer cualquier transferencia.
¿El programa puede caerse?
Existe ese riesgo. La vía de inversión fue creada por un decreto de necesidad y urgencia, que el Congreso puede rechazar y que los tribunales pueden declarar inválido. En 2026 la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal y la Cámara Nacional Electoral declararon, en casos concretos de naturalización ordinaria, la inconstitucionalidad o la nulidad del DNU 366/2025; el Estado recurrió el fallo de la Cámara Electoral ante la Corte Suprema. Además, hay proyectos de ley para derogar el régimen, y no encontramos un dictamen de la Comisión Bicameral del Congreso sobre el decreto. Ninguna de esas decisiones, a noviembre de 2026, deja sin efecto el programa con alcance general.
¿Se pierde la nacionalidad de origen al naturalizarse argentino?
La Ley 346 no exige renunciar a la nacionalidad de origen para naturalizarse. Si se conserva o no depende de la ley del país de origen y de los tratados de doble nacionalidad que tenga con la Argentina, de modo que conviene consultarlo antes de iniciar el trámite. Además, dentro de la Argentina se lo considerará argentino: deberá entrar y salir del país con su documentación argentina.
Cómo podemos ayudarle
En Morrone Abogados analizamos con usted el marco normativo del programa y sus riesgos jurídicos antes de que tome una decisión, le asesoramos sobre la documentación que le pidan y le explicamos cómo pueden afectarle los cambios normativos y judiciales en curso. Si su caso encaja en otras ramas del derecho, como la planificación patrimonial o la compraventa de inmuebles, también podemos acompañarlo.
Puede conocer cómo trabajamos en derecho civil y comercial oescribirnos contándonos en términos generales qué está evaluando; los datos que nos envíe se tratan según nuestra política de privacidad.
Aviso legal. Este artículo tiene finalidad exclusivamente informativa y refleja los artículos 2, 2 bis y 6 a 6 quáter de la Ley 346 en el texto que les dio el DNU 366/2025, el Decreto 524/2025, los artículos 20, 48, 55, 75 inciso 12, 89 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, el artículo 1 del Código Electoral Nacional, los artículos 116 y 117 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Ley 26.122 y el comunicado del Ministerio de Economía del 2 de octubre de 2026, según la información disponible a noviembre de 2026. El régimen está en revisión judicial y legislativa y los montos pueden cambiar cuando se reglamenten. No constituye asesoramiento legal ni genera relación abogado-cliente. Para una evaluación de su caso, consulte con un profesional matriculado.
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Dra. Rita Liliana Morrone
Abogada especializada en derecho civil, comercial y de familia. Más de 15 años de experiencia asesorando a clientes en Buenos Aires y Capital Federal.
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