Derecho Laboral y Previsional

La indemnización por despido sin justa causa (despido incausado) en Argentina se rige por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (LCT) e incluye varios conceptos: (1) Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT): un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses; (2) Preaviso omitido o su indemnización sustitutiva (art. 232 LCT): 1 o 2 meses según la antigüedad; (3) Integración del mes de despido (art. 233 LCT); (4) SAC proporcional; (5) Vacaciones no gozadas proporcionales. En ciertos casos, pueden corresponder indemnizaciones agravadas como en despidos discriminatorios o durante licencias especiales. Es importante calcular estos montos sobre el salario real (incluyendo comisiones, horas extras habituales, etc.) y no solo sobre el básico.

Ante un accidente laboral debe: (1) Informar inmediatamente al empleador; (2) Recibir atención médica en un prestador de la ART o servicio de emergencias; (3) Solicitar la denuncia formal a la ART (su empleador debe realizarla en 48 horas); (4) Conservar toda documentación médica y constancias de la denuncia; (5) Realizar seguimiento de las prestaciones médicas y económicas otorgadas por la ART. Si la ART rechaza el siniestro, ofrece una indemnización insuficiente o no brinda las prestaciones adecuadas, es recomendable consultar con un abogado especializado para defender sus derechos.

Los requisitos para la jubilación ordinaria en Argentina son: (1) Edad: 60 años para mujeres y 65 para hombres; (2) 30 años de aportes acreditados. Si no cumple con los años de aportes, existen alternativas como: moratorias previsionales, reconocimiento de servicios no registrados o regímenes especiales para ciertas actividades. Para jubilación por invalidez, se requiere una incapacidad del 66% o superior, y no es necesario cumplir con requisitos de edad ni años de aporte, aunque sí debe estar en actividad al momento de solicitarla. Nuestro estudio puede evaluar su caso particular y determinar la mejor estrategia previsional.

La Reparación Histórica (Ley 27.260) es un programa que reconoce ajustes en los haberes jubilatorios mal liquidados, principalmente por la incorrecta aplicación de los fallos 'Badaro' y 'Elliff' de la Corte Suprema. El programa incluye: (1) Recálculo del haber inicial; (2) Actualización de la movilidad según criterios judiciales; (3) Pago de una retroactividad acotada; (4) Ajuste del haber mensual a futuro. El trámite se inicia verificando en la web de ANSES si le corresponde, aceptando la propuesta y, en casos de montos significativos, homologando judicialmente el acuerdo. Es importante verificar que el monto ofrecido sea correcto, ya que muchas veces ANSES realiza cálculos por debajo de lo que realmente corresponde.

Un trabajador no registrado goza de los mismos derechos que uno correctamente registrado, más indemnizaciones agravadas por la irregularidad. Al detectar trabajo no registrado puede: (1) Intimar al empleador a regularizar la situación mediante telegrama laboral gratuito; (2) Denunciar la situación ante ARCA (ex AFIP) o ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; (3) Iniciar acciones legales reclamando la registración y/o las indemnizaciones. Las indemnizaciones adicionales previstas por la Ley Nacional de Empleo 24.013 comprenden, según el caso, una suma equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas y no registradas (art. 8) o las multas de los arts. 9 y 10 por fecha de ingreso o remuneración falsamente consignadas, y la duplicación de las indemnizaciones por despido cuando el trabajador fue despedido tras la intimación (art. 15). A ello puede sumarse el recargo del art. 1 de la Ley 25.323 (duplicación de la indemnización por antigüedad si la relación no estaba registrada o lo estaba deficientemente) y el del art. 2 (incremento del 50% cuando el empleador obliga al trabajador a litigar). La falta de registración no impide reclamar todos los derechos laborales.

El plazo general de prescripción de los créditos laborales es de 2 años (art. 256 LCT 20.744), que se cuentan desde que cada crédito se hizo exigible, tanto durante la vigencia del contrato como después de su extinción. Las acciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 prescriben a los 2 años, mientras que los reclamos de daños por vía civil se rigen por el plazo de 3 años del Código Civil y Comercial (Ley 26.994, art. 2561). Es importante saber que el curso de la prescripción se suspende o interrumpe con intimaciones fehacientes (telegrama laboral Ley 23.789), con la audiencia de conciliación obligatoria ante el SECLO y con la demanda judicial ante los Juzgados Nacionales del Trabajo. La prescripción no corre mientras existe relación laboral, pero esto no significa que convenga esperar al fin del contrato para reclamar, ya que pueden perderse pruebas o complicarse la acreditación de los hechos. Recomendamos actuar con la mayor celeridad posible.